Desde abril del presente año se viene formando Anapef (Asociación Nacional de Padres de Familia de colegios privados del Perú) como resultado de la intención de miles de padres de familia que se continúe con la enseñanza de sus hijos en colegios privados.

En ese sentido, Agnieszka Céspedes Gawda, fundadora de Anapef recomienda un reajuste entre el 40% a 50% de las pensiones escolares, en común acuerdo entre los colegios privados y padres de familia.

“El principal objetivo es que los padres de familia puedan mantener matriculados a sus hijos en los colegios elegidos para su educación durante el presente año y no verse obligados a trasladarlos a otros colegios”, explicó.

Sin embargo, resalta Céspedes en Nacional que dicha solicitud justificada por el impacto económico en los ingresos familiares y el cambio de enseñanza presencial a telemática, se encontró con una manifiesta oposición de los directivos de los colegios privados mediante hostigamiento, censura e imposición de sus criterios, dejando de reconocer la realidad e impacto del COVID-19.

La respuesta del Estado ante nuestro reclamo y de otras organizaciones de padres de familia fue promulgar el Decreto Legislativo Nº 1476 y su reglamento mediante Decreto Supremo N°007-2020-MINEDU. Dicha norma dispone el derecho a solicitar el desagregado de costos fijos y variables en que se incurren en virtud del servicio educativo no presencial.

Asimismo, agregó que entre los documentos que se pueden pedir figuran el balance general, estado de cambios en el patrimonio neto, flujos de efectivo o el estado de ganancias y pérdidas, entre otros que determina la citada norma.

En dicho contexto, la respuesta de algunos gremios de centros educativos privados (católicos, cristianos evangélicos, laicos, etc.) ha sido buscar asesoría legal especializada para evitar el cumplimiento de dicha norma ya reglamentada y seguir presionando a los padres de familia.

Incluso, se ha llegado a cotizar servicios legales (medida cautelar, acción de amparo, acción de inconstitucionalidad, etc.) por montos que podrían ser superiores a los US$ 100,000 dólares americanos, dinero que posiblemente tenga como origen las pensiones que no quieren descontar a los padres de familia.

“Nosotros pedimos recordar que la educación es un servicio público y un derecho fundamental del ser humano. Los acuerdos de partes son mejor solución que gastar dinero para evitar justificar las pensiones que nos cobran”, finalizó Céspedes Gawda.