El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, aseguró que la sentencia emitida sobre las facultades de la Contraloría General de la República, fortalece la lucha contra la corrupción y constitucionaliza la potestad sancionadora del órgano de control.

Explicó que el artículo 2, inciso 24, d de la Constitución, establece expresamente que “nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley”, principio del derecho penal que, conforme a reiterada jurisprudencia, se traslada al derecho administrativo sancionador.

El titular del TC indicó que la Constitución establece que solamente se tipifican infracciones e ilícitos a través de una ley expresa y sin embargo el artículo 1 de la Ley 29622, delegaba en un decreto supremo, que es una norma de inferior jerarquía a la ley, la precisión y tipificación de ciertas faltas e infracciones que pueden cometer los funcionarios públicos.

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