El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) aprobó el Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos, herramienta que establece acciones, procedimientos y medidas de articulación orientadas a generar un ambiente adecuado para el desempeño de sus actividades de promoción, protección y defensa, siempre que lo hagan de forma pacífica y dentro del marco del derecho nacional e internacional.

En ese marco, el Protocolo, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 059-2019-JUS, dispone la creación del primer Registro oficial de denuncias e incidencias sobre ataques en contra de personas defensoras o situaciones de riesgo concretas.

Para ello se exponen algunos deberes concretos de los Estados, tales como garantizar la adopción de todas las medidas necesarias para la protección de las personas defensoras frente a situaciones de riesgo en el ejercicio de su labor, así como proporcionar recursos eficaces de resguardo ante denuncias de violaciones de sus derechos humanos.

El Protocolo es resultado de un amplio proceso de diálogo transparente entre los actores involucrados, tanto del gobierno, sociedad civil organizada y gremios empresariales.

Desde el inicio del proceso, el MINJUSDH promovió la instalación de una mesa de trabajo para la discusión del diseño del instrumento, que contó con la participación de representantes de los principales colectivos de defensa de derechos humanos del país y de diversos sectores del Estado como los ministerios de Energía y Minas, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Ambiente, del Interior, entre otros.

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