A raíz de la pandemia hubo incremento de llamadas telefónicas malintencionadas propiciando el colapso de las líneas, impidiendo que quienes requerían atención médica inmediata o se encontraban en verdadera situación de peligro, no pudieran solicitar apoyo ni comunicarse con los bomberos. 

De esta  la situación conversamos con el ingeniero Angel Paz Cortéz, Director General en fiscalizaciones y comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Dijo que se han identificado tres tipos de llamadas: Las "falsas" que reciben la Policía Nacional del Perú y los Bomberos dándoles cuenta de un hecho que no está sucediendo, como un asalto o incendio. Las "llamadas perturbadoras" que ingresan a las centrales y quienes las atienden son objeto de burlas e insultos de todo calibre. Y finalmente, las llamadas "silentes" donde no dicen nada y solo ocupan la línea evitando que muchas personas quienes de verdad lo necesitan, hagan uso de este servicio.

Son 1600 llamadas por semana que reciben las Centrales de Emergencia: el 105 de la PNP, el 116 de los Bomberos, el 113 de Infosalud. Estas provienen de teléfonos móviles, públicos y de fijos por lo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informa que aquellas personas que realizan llamadas malintencionadas a las centrales de emergencias, urgencias o de información serán multadas hasta con 17,200 soles, equivalente a 4 UIT. En caso de reincidencia se aplica como sanción, la cancelación del servicio telefónico.

El ingeniero Paz Cortéz señaló  en Nacional que se opera con la colaboración de las empresas telefónicas, reportándose todos los días los números telefónicos de quienes hacen llamadas malintencionadas. “Una vez corroborada esta situación, las empresas de telefonía móvil suspenden de inmediato las líneas de los infractores por 30 días, como medida preventiva”, mencionó. 

Finalmente, explicó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones inicia un proceso administrativo sancionador contra las personas que resultan titulares de estas líneas. La Norma dispone, además, que los nombres de los sancionados por realizar llamadas malintencionadas, quedarán en un registro que podrá ser consultado por todos.