Todas las medidas adoptadas durante el interregno parlamentario, tras la disolución constitucional del Congreso, se ajustan a la Constitución y responden a los cinco ejes de la política general del Gobierno, afirmó esta mañana el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos. 

“Estos son, la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento institucional, el crecimiento económico, el desarrollo social y bienestar de la población, y la descentralización”, sostuvo al inicio de su exposición ante el pleno del Congreso.

Enfatizó que los decretos de urgencia emitidos durante este periodo tuvieron como fin materializar diversas acciones “que consideramos necesarias para reactivar el empleo, mejorar los servicios de salud y educación, promover el crecimiento económico, fortalecer el proceso de descentralización e impulsar la lucha contra la inseguridad ciudadana”, añadió Zeballos Salinas. 

Precisó que en total, a la fecha, el Ejecutivo ha aprobado 70 decretos, desagregados en 21 en materia económica; 8 de contenido educativo; 7 vinculados con las competencias de la Presidencia del Consejo de Ministros (integridad, reconstrucción, gobierno digital); 6 referidos a transporte; 4 para promover una mayor protección de las mujeres contra la violencia.

Asimismo 3 vinculados con temas laborales; 3 con el sector Justicia; 3 relacionados a Vivienda, Construcción y Saneamiento; 2 sobre Cultura; 2 de Energía y Minas; 2 de Ambiente; y uno de cada uno de los sectores de Interior, Relaciones Exteriores y Agricultura. 

En el Sector Salud, dijo, son 4 que disponen la universalización del derecho a la salud; la comercialización obligatoria de medicamentos genéricos y las primeras acciones frente al COVID-19 (justamente los 2 últimos, con medidas urgentes y excepcionales para reforzar la vigilancia y respuesta sanitaria, y con medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del virus).

“Siendo absolutamente responsables en el ejercicio de esta potestad constitucional, nos abstuvimos de aprobar mediante estos decretos de urgencia reformas constitucionales, leyes orgánicas, tratados internacionales, regímenes tributarios especiales para una determinada zona del país, o cualquier materia que requiriera la votación calificada del Congreso”, indicó.

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