La Fiscalía de la Nación (FN) denunció constitucionalmente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, como presunto instigador del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado.

A través de un comunicado, el Ministerio Público señala que la acusación remitida al Congreso de la República responde a la “actuación de Salas Arenas como juez de la Corte Suprema de Justicia. a efecto de lograr que Walter Benigno Ríos Montalvo, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, contrate a su exasesor Pavel Vladimir Cárdenas Peña”.

“Es importante precisar que los hechos materia de la denuncia constitucional habrían ocurrido a finales del año 2017, y fueron denunciados por Walter Benigno Ríos Montalvo en diciembre de 2019”, señala el documento-

El Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación señala que la investigación fue complementada con información recibida en enero de 2024, procedente del Primer Despacho del Equipo Especial de Fiscales de Cuellos Blancos del Puerto. 

A ello se suma el informe de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, de fines de febrero del presente año, con lo cual se ha emitido la referida denuncia constitucional.

Procedimiento 

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se encargará de calificar la admisibilidad y procedencia de la referida denuncia constitucional y realizar la investigación.

La acusación constitucional es el antejuicio político al que tienen derecho los altos funcionarios del Estado comprendidos en el Artículo 99° de la Constitución Política del Perú, por la supuesta infracción de la Constitución y por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

El artículo 89 del Reglamento del Congreso señala que si el informe es aprobado pasa a la Comisión Permanente que nombra una subcomisión acusadora. De recibir el voto favorable se fija fecha y hora para su sustentación ante el Pleno del Congreso que deberá de decidir si hay o no

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