Sucesos acontecidos en los centros de Lima y Trujillo evidencian la grave situación que afecta los derechos de los adolescentes privados de libertad. La falta de presupuesto que permita mejoras en la infraestructura de los establecimientos, contratar más personal y optimizar la remuneración del ya existente, así como proveerles las herramientas necesarias para el ejercicio de sus funciones, es el gran problema.

“Estamos presentando un documento para que se declare en emergencia el sistema penal juvenil, y a partir de ahí pedir más presupuesto al MEF”, dice Julio Magán, gerente de centros juveniles del Poder Judicial, para el micrófono de El Informativo. “A mí me gustaría que el MEF pueda dar un dinero para construir (nuevos centros), contratar personal y mejorar remuneraciones porque el personal gana poco”, agrega.

Es la falta de presupuesto, comenta Magán, la que ha llevado a la sobrepoblación de dichos centros cuyo hacinamiento -de acuerdo a la Defensoría del Pueblo- bordea el 150%.

“Los espacios que tenemos en Trujillo eran inicialmente para 60 personas, pero en la actualidad tienen más de 183 personas. La administración trata de hacer lo mejor pero el espacio se reduce más. En consecuencia, los ánimos (de los internos) se caldean (al no tener la libertad necesaria para realizar sus actividades), es como una olla a presión que se destapa con hechos violentos”, dice.

“Si dejamos que esto siga así esos chicos se van a convertir en los potenciales delincuentes de este país”, alerta.

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