“Las empresas pueden desligar responsabilidades (legales) de algún mal ejecutivo si es que acreditan que tienen un plan de prevención (de actos de corrupción)”, dijo para El Informativo, Carlos Toledo, especialista en gestión de empresas, en el marco del Decreto Legislativo 1352, que exige a personas jurídicas responder por delitos de manera autónoma de los funcionarios que los cometieron. 

Toledo recordó que para ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Legislativo promulgó en el 2016 la Ley 30424, norma que sanciona a personas jurídicas –de forma paralela a funcionarios ligadas a ellas- por prácticas de corrupción. A dicha ley el Gobierno le agregó modificaciones a través del Decreto Legislativo 1352, el cual entró en vigencia este mes, siendo las más importantes la incorporación de seis nuevas modalidades de delitos por las cuales las entidades deberán responder, las mismas que están ligadas a actos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

“Bajo éste decreto legislativo ya se tiene la potestad de poder afectar al negocio, que va desde sanciones, multas de diferentes niveles de UIT, hasta el cese completo de estas empresas”, señaló Toledo.

Reglamentación

Si bien los orígenes de la ley 30424 tienen cierta antigüedad, la misma aún no cuenta con la reglamentación respectiva, por lo cual su implementación quedaría en el limbo. Respecto a la reglamentación el especialista reveló que ésta verá la luz en los próximos tres meses.

“Aún no se ha definido (el reglamento), pero ya tenemos muchas referencias de cómo tomarla (la ley). Las empresas no pueden decir ‘No voy a implementar porque no tengo la reglamentación’, el mismo decreto legislativo define grandes pautas de cómo desarrollarlo. Tenemos la Comisión del Alto Nivel de Corrupción  que ya sacó una política nacional anticorrupción y demás herramientas que nos dan una pauta de cómo llevar la ley”, sostuvo.

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