El abogado penalista, Julio Rodríguez, consideró que la crisis desatada al interior del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), tras la difusión de unos audios que revelarían un presunto tráfico de influencias, se debe a que este organismo estuvo mal concebido desde que entró en funciones.

“Para mi este órgano está mal concebido. Yo siempre he criticado la idea de que personas ajenas al derecho sean parte del Consejo (...) y lo otro, que la valla para ser miembro sea muy baja”, señaló Rodríguez en la primera edición de El Informativo.

Aclaró que, si bien en un primer momento “hubo la intención primigenia de concebir al CNM como una suerte de grupo de notables”, lo cual se cumplió en sus primeras conformaciones, no ocurrió así con las designaciones posteriores, que fueron degenerando con el transcurso de los años llevándonos a la crisis actual.

La calidad de consejero, consideró Rodríguez, tiene que cambiar radicalmente, pues “este debería ser un profesional del derecho con un mínimo de 20 años de experiencia y que incluya 10 años de docencia”.

Añadió que, “los miembros deben ser elegidos por especialidades (penal, civil, familia y administrativo) y conformados en dos salas de 6 magistrados cada una, que agilicen la resolución de los casos”.

Audios no constituyen delito penal

Sobre los audios difundidos por la prensa, el especialista en derecho sostuvo que lo revelado no constituye delito penal, pero si puede implicar sanciones administrativas por infracciones éticas a la función pública.

“El contenido de los audios tiene indicios suficientes para poder ser investigado por los delitos que han sido objeto de la imputación (faltas éticas), pero en algunos otros casos, creo yo, no tiene contenido penal. Lo que tendría que verificarse es que se trata de una infracción a la función como tal, que puede aparejar desde la suspensión hasta la destitución, siguiendo un procedimiento que tiene que realizarse guardando las formas y los estándares”, explicó.

Asimismo, resaltó la importancia de respetar estos procesos, pues dijo que “las medidas apresuradas”, tomadas por la coyuntura, podrían ser invalidadas luego por los presuntos implicados, a los cuales habría que restituir e indemnizar.

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