A fin de establecer acciones respecto al caso “Lava Jato”, que involucra presuntos sobornos hechos por empresas brasileñas en el Perú, el contralor General de la República, Fuad Khoury, señaló que su institución coordinará acciones con el Ministerio Público.

“En conversaciones con el Ministerio Público hemos quedado en trabajar de la mano para utilizar nuestros recursos en las investigaciones”, señaló a la prensa, luego de reunirse ayer con el jefe del Parlamento, Luis Iberico. 

“Lava Jato” [lavado de coches] es el nombre con que ha sido bautizada en Brasil la llamada megainvestigación a la estatal Petrobras, que ha llevado a la detención de altos directivos de empresas brasileñas y de políticos, como el exministro José Dirceu en el gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva, implicados en presuntos actos irregulares en ese país.

Esta semana, la prensa sacó a la luz el nombre de Zaida Sisson, esposa de un exministro aprista y cercana a Dirceu, quien es acusada de haber realizado gestiones para favorecer con contratos a firmas brasileñas en el anterior gobierno aprista.

La Contraloría -refirió Khoury- en su momento realizó un seguimiento sostenido a la ejecución de las carreteras, que tuvieron a cargo las empresas brasileñas implicadas, y dicha información fue remitida al Ministerio Público.

“Hemos revisado 21 informes, los hemos puesto a disposición del Ministerio Público”, aseveró.

Además, dijo que la Contraloría General cuenta con recursos técnicos y de ingeniería para respaldar investigaciones realizadas por el Ministerio Público. “Ha estado en Brasil el fiscal Hamilton Castro, creemos que por la importancia del caso tenemos que trabajar de la mano.”, ratificó.

PROPUESTAS

Fuad Khoury, mencionó que una de las nuevas iniciativas legislativas propone que las adendas de modificación de los contratos de Asociaciones Público Privadas (APP), cuenten con un informe previo de la Contraloría, con el fin de que los potenciales problemas puedan ser detectados y corregidos oportunamente.

Las adendas suelen demandar montos adicionales de inversión que podrían ocasionar inconvenientes en el financiamiento del proyecto y en su operatividad, situación que podría generar un desequilibrio financiero y en el peor de los casos, representar un problema para la culminación de la obra. 

Según la Contraloría, la inversión de las concesiones de la Carretera Interoceánica, por ejemplo, se incrementó en casi 100 % en comparación a la inversión estimada inicial, firmándose en estos proyectos 34 adendas. En el 2,005 la inversión inicial se estimó en 800 millones de dólares y aumentó a más de 2,000 millones en los gobiernos anteriores.

/P.A.G./