“Es importante que la población entienda que no puede estar más en las riberas de los ríos. Tenemos cerca de 160 casas que están en peligro inminente de colapsar en la ribera del río Rímac, y lamentablemente la población no entiende que tiene que moverse”, dijo en diálogo con El Informativo el alcalde de San Martín de Porres, Adolfo Mattos.

Las declaraciones del burgomaestre se dan luego de que varias viviendas de la zona fueran declaradas inhabitables tras el incremento del caudal del río Hablador producto de El Niño Costero en el 2017. Al ser consultado por las medidas que su administración había tomado para retirar a los propietarios de dicho espacio, Mattos comentó:

“Nosotros hemos notificado (a los propietarios), buscando las formas legales para que ellos se puedan ir pero lamentablemente hay una oposición tremenda, y no solamente eso, sino que hay temas políticos alrededor y se utilizan a estas personas para que digan que no se moverán de ahí hasta que los reubiquen, y está demás decir a la población que la municipalidad no tiene la capacidad de reubicar”.

Demora en los trabajos de prevención

En coordinación con el municipio de Carmen de la Legua, durante todo el 2017, la administración de Mattos inició los trabajos de descolmatación, enrocado y limpieza de la ribera del Río Rímac, en la zona del Malecón, esto con el objetivo de mitigar las posibles consecuencias de un futuro desastre climatológico, sin embargo -advirtió el entrevistado- la poca articulación entre las entidades competentes al hecho, así como las trabas burocráticas que imperan en ellas, estarían complicando la labor.

“Hemos tratado en la medida de lo posible de poder hacer un trabajo conjunto(…) hay algunas cosas que faltan (trabajar), con Sedapal, por ejemplo, porque en esa zona se rompió una tubería de desagüe que ha estado mucho tiempo expuesta, y nadie podía tocarla porque era una responsabilidad de Sedapal y era autorización del ANA, y había ahí un problema porque parece que el ANA no entendía lo que era emergencia, entonces manejaban los temas administrativos con una lentitud tal que recién en noviembre hemos tenido la autorización de empezar a trabajar, cuando en un tema de emergencia debió ser máximo en una semana”, dijo.

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