La Defensoría del Pueblo demandó a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), reducir el período de las investigaciones de la muerte de dos jóvenes trabajadores en las instalaciones de uno de los locales de Mc Donald´s en Lima, de tal forma que los resultados puedan obtenerse antes de los 30 días calculados para conocer las causas y se sancione a los responsables.

Apenas conocido el lamentable fallecimiento de los trabajadores Alexandra Porras Inga y Gabriel Campos Zapata, el pasado 16 de diciembre, la Defensoría del Pueblo inició una intervención de oficio para garantizar una eficaz investigación y sanción por parte de las entidades competentes: Sunafil, Municipalidad de Pueblo Libre y Ministerio Público.

Alberto Huerta, jefe de la oficina de Lima de la Defensoría del Pueblo, indicó que tras ocurridos los hechos la institución efectuó requerimientos de información a las instituciones relacionadas con las investigaciones pertinentes. Ayer, se reunió con el Intendente de SUNAFIL de Lima Metropolitana, quien informó que para avanzar en las investigaciones se ha requerido los informes técnicos de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.  

La Defensoría del Pueblo considera pertinente recordar que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mediante resolución 17/4, de 16 de junio de 2011 adoptó los "Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos”, documento que contiene pautas claras para dar un contenido concreto al deber de las empresas de respetar los derechos humanos, es decir su deber de no infringirlos.

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