El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, consideró que la diligencia ordenada por la fiscalía a las oficinas de IDL Reporteros tendría como objetivo “anular” el material periodístico que dejo al descubierto el tráfico de influencias practicado por magistrados y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.

“La verdad hemos quedado bastante desconcertados y ahí existen dos posibilidades sumamente negativas. La primera es que esta (la diligencia) sea un resultado de errores, de incumplimiento de procesos más o menos elementales del Ministerio Público y la segunda es que haya habido una intención de malograr o anular la evidencia”, señaló Rivera en comunicación con El Informativo.

El letrado se mostró sorprendido por la actuación de las autoridades, quienes no contaban con la documentación pertinente que ordenara la intervención a las oficinas de IDL y solo mencionarán que tenían una indicación verbal de parte de la fiscal Nora Córdova.    

“Si esas son las reglas del Ministerio Público, mucho cuidado, porque lo único que esta haciendo es favorecer a las personas que están siendo investigadas. En realidad, la pregunta que habría que hacernos es de qué lado esta el Ministerio Público”, puntualizó.

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