El ex presidente del Tribunal Constitucional (TC), Víctor García Toma, consideró ambiciosa la intención de la comisión encargada de la reforma del sistema de administración de justicia, de proponer cambios en el modelo de nombramientos y promociones de autoridades judiciales para sus distintos órganos.

En ese sentido, sostuvo que la iniciativa debería incluir una reforma constitucional, la cual debería ser aprobada por el Congreso o en su defecto por la ciudadanía a través de un referéndum.

“Tendríamos que hablar de la posibilidad de que este proceso (reforma constitucional) se desarrolle a lo largo de dos legislaturas sucesivas, en donde le proyecto que se está preparando obtenga (la aprobación de) las dos terceras partes de los miembros del Congreso, o la otra opción, en la que se estaría pensando, es que exista una legislatura en donde se obtenga la mitad más uno y luego pase a un referéndum ciudadano”, explicó García Toma en la primera edición de El Informativo.

Sin embargo, añadió hay otro camino que implicaría “tomar la acción urgente de dictar una ley que modifique la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para establecer requisitos más gravosos y modificar el sistema de elección”, pero sin alterar sus bases, pues estas solo se pueden hacer a través de una reforma constitucional.

Sobre la idoneidad de los miembros del CNM, el extitular del TC es de la opinión de que estos deben ser juristas calificados y con una trayectoria impecable. De la misma forma, en cuanto a los representantes de las universidades, debe dársele más peso a los provenientes de las casas de estudios acreditadas y con más alto prestigio académico en la enseñanza del Derecho.

La elección de Chávarry es legal

Consultado por la controvertida elección de Pedro Chávarry como Fiscal de la Nación, Víctor García, dijo que esta designación es legal, aunque debido a los cuestionamientos y por prudencia lo mejor hubiera sido esperar unos días para esclarecer las cosas.

“La elección del señor Chávarry es legal. La determinación de que se lleve a cabo la juramentación a pesar de las observaciones que había formulado el Poder Ejecutivo, más allá de las consideraciones políticas y éticas también es legal, pero lo más prudente para la institución era esperar, darse unos 10 o 15 días para ver cómo se desarrolla esta situación”, señaló.

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