El expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y exministro de Justicia, Diego García Sayán, dijo a través de Nacional F.M., que para evitar conflictos mineros como los suscitados en Las Bambas, los contratos deben contar con la presencia del Estado peruano.

“Este tipo de contratos tienen que hacerse con la presencia del Estado para garantizar el cumplimiento por ambas partes, este problema existe en Chile, en Colombia, y no tenemos por qué sentirnos mal, sino que tal vez la institucionalidad que existe ahora no es suficiente para garantizar estos procesos”.

Aumento de precios y consulta previa

García Sayán explicó que el telón de fondo nos indica que es problema está ocurriendo en varios países de América Latina, básicamente por dos motivos, el aumento de los precios de las materias primas, que en los últimos 15 a 20 años ha propiciado inversiones extractivas en zonas donde antes no se hacía.

“En segundo lugar lo más importante es que hay en los sectores sociales y en la población una autopercepción de derechos, que hace 20 o 30 años se resolvía con la guardia de asalto, y una serie de reglas nacionales e internacionales de consulta previa y participativa que son también una relativa novedad”.

Las Bambas

Explicó que lo que está pasando en Apurímac y precisamente en Las Bambas, es la ausencia de la institucionalidad que este a tono con la autopercepción de derechos, con estas nuevas reglas internacionales de consulta previa.

 “Y el Estado se pone como espectador, como si estuviéramos hablando de un contrato privado, cuando se trata de recursos naturales, y cuando estamos hablando de reglas que están en los tratados internacionales”.

Indicó que cuando el Estado está ausente y eventualmente se llegan a algunos acuerdos entre la empresa y la población, esos acuerdos privados, una parte o la otra pueden no cumplir.

“Y cuando eso sucede el Estado se ve obligado a aparecer como bombero con tardanza, para solucionar una situación en la que estuvo expectante, y que desencadena en que el presidente del Consejo de Ministros tiene que intervenir, cuando eso debió solucionarlo un funcionario de rango intermedio”.

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