La representante del Movimiento por la Salud de La Oroya (MOSAO), Rosa Amaro, manifestó que la población de La Oroya, Junín, está preocupada por la poca información facilitada acerca de si la empresa que compre el Complejo Metalúrgico de su distrito tendrá como exigencia que se cumpla los estándares de calidad ambiental del aire y las obligaciones de apoyo social, ambiental y en salud que tiene actualmente Doe Run Perú.

Según Amaro, Doe Run Perú ya presentó el levantamiento de las observaciones y el Ministerio de Energía y Minas  MEM, como autoridad sectorial, manifiesta viene trabajando arduamente en la evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo – IGAC y su plan de adecuación, velando por que la empresa Doe Run Perú complete la información que cumpla con todas las condiciones exigidas.

“Las autoridades de La Oroya y el sindicato de Doe Run Perú solo piden que se apruebe el IGAC para lograr que se venda la empresa, pero no se han realizado audiencias públicas en las cuales se pueda comunicar a la población de La Oroya cuales serían la nuevas condiciones de trabajo del nuevo operador”, aseveró.

Para Rosa Amaro es una lástima que no se hayan realizado audiencias públicas o charlas informativas donde se presenten las propuestas ambientales del IGAC, lo cual es obligatorio cuando se aprueba un estudio de impacto ambiental pero no en este caso, aunque se pudo realizar de manera voluntaria.

“La población tiene derecho a saber en qué condiciones ambientales se está proponiendo que trabaje la empresa y cuáles serían los impactos en la salud y el ambiente de dichas operaciones en estas nuevas condiciones. Todos queremos que el Complejo Metalúrgico Reinicie sus operaciones, pero garantizando la salud y vida de la población”, añadió.

Por otro lado, el presidente de la ONG VIDA, Arturo Alfaro, solo dijo que al nuevo operador se le debe exigir el cumplimiento de las mismas obligaciones ambientales que ya tenía Doe Run Perú, esto durante la adecuación de las nuevas normas ambientales, incluyendo las establecidas en la Resolución Ministerial 257-2006-MEM, que obliga la realización de programas para atender a niños contaminados por plomo, madres gestantes, educación ambiental y atención a los afectados por humos de dióxido de azufre.  

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