La oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa llevó a cabo una supervisión en las instituciones educativas de la provincia de Islay, donde se comprobó que no se viene cumpliendo algunos de los acuerdos alcanzados por el Ministerio de Educación (Minedu) en el plan de recuperación de labores escolares. Entre los aspectos incumplidos se haya el reforzamiento académico para el personal docente y el apoyo socioemocional a las y los alumnos y familiares, para superar los efectos causados por la violencia en el Valle del Tambo.

Tras dos días de supervisión, se comprobó que el compromiso del Minedu no se hizo efectivo en las instituciones educativas del Valle del Tambo, que abarca los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón. En estos tres distritos hay 4 mil 331 estudiantes matriculados en instituciones educativas públicas que perdieron aproximadamente 31 días de clases, debido a los hechos de violencia.

Entre otros hallazgos, se advirtió también que el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma no está garantizando el servicio alimentario a las niñas y niños, debido a que la reprogramación de las horas lectivas en algunos centros educativos llega hasta el 15 de enero y la dotación de alimentos está programada hasta mitad de diciembre.

La Defensoría del Pueblo invoca a los responsables de Qali Warma a sincerar los almacenes y stock, para garantizar el derecho de los niños y niñas en la provincia de Islay y no afectar su rendimiento escolar.

La supervisión estuvo liderada por el representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique, quien informó que otro de los aspectos que debe ser atendido con prontitud es la situación de los docentes contratados en la provincia de Islay, pues su vínculo laboral acaba en diciembre del 2019 y la recuperación de las labores se prolongará hasta enero del año 2020. Informó que su despacho ha pedido un reporte a la UGEL Islay sobre esta situación y las acciones adoptadas para que no se ponga en riesgo el derecho a la educación de los niños y niñas de esta parte del país.

Manrique pidió también a la población a distinguir entre el derecho a la protesta y el derecho a la educación, tras indicar que se ha registrado casos de inasistencias de docentes y alumnos por el bloqueo de las vías. “Como institución hemos invocado al gobierno y a los dirigentes para buscar un acercamiento que permita establecer un diálogo abierto con puntos concretos en la agenda y buscar consensos para atender las demandas de la población, pero en el marco estricto del respeto al derecho de las personas” señaló.

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