El Estado peruano sumó una nueva victoria judicial en los litigios que les plantearon dos familias que reclamaban la propiedad de la ciudadela inca de Machu Picchu, ubicada en Cusco, la principal atracción turística del país.

El ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, anunció que la Corte Superior de Justicia de Cusco, donde se encuentra Machu Picchu, declaró infundada la demanda de la familia Abrill, que afirmaba ser la legítima propietaria de las 13,000 hectáreas donde están los restos arqueológicos.

Por ello las hermanas Roxana y Victoria Abrill pedían además al Estado peruano una indemnización de 100 millones de dólares por el uso de esas 13,000 hectáreas de tierras para la explotación turística.

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