“A meses de conmemorar el bicentenario de la independencia, la pandemia ha hecho relucir las peores formas de discriminación hacia la mujer”, manifestó la directora general de igualdad de género y no discriminación del Ministerio de la Mujer , Lidia Sihuacollo, al señalar que nuestra sociedad está compuesta por una diversidad de mujeres que han padecido situaciones de marginación.

En Qué hacer nos contó que la discriminación se sustenta en un conjunto de patrones socioculturales que han privilegiado más lo masculino que lo femenino, mirando de manera positiva el favorecimiento de los varones. Por ejemplo, en la asignación de roles, el varón es más valorado en su rol productivo frente el rol productivo doméstico de la mujer, que ha sido fundamental en este contexto de confinamiento.

Igualmente, las normas preestablecidas generan una subordinación de las mujeres que provoca severos daños irreparables en la vida de una. Por consiguiente, podemos inferir que, a pesar de tener leyes de protección contra la violencia hacia la mujer, derechos de participación política y derechos de la vida sexual y reproductiva, estas no se aplican de manera correcta.

En consecuencia, los casos de violencia han aumentado en promedio un diez por ciento y solo en el 2020 más de 3000 mujeres y niñas han desaparecido ¿Cómo cambiar esos patrones culturales de violencia que se han normalizado sistemáticamente en el Estado y la sociedad civil?, ¿Qué hace falta?, preguntó Sihuacollo.

Recomendó, que se debe comenzar a trabajar de manera intergubernamental; es decir, en comunicación con las regiones de todas las instituciones del Estado y con un enfoque intersectorial que respete las vivencias de los sectores más marginalizados de la sociedad como los casos de las mujeres racializadas.

Por ello, no solo las instituciones del Estado deben encargarse de estas problemáticas sino las organizaciones y medios de comunicación privados que contribuyen al imaginario colectivo del país.

Por otro lado, recordó la ley de igualdad de género que el Estado peruano promulgó el 2019, que se convirtió en el primer instrumento de política nacional en donde se han comprometido 21 instituciones a erradicar la desigualdad de género y discriminación de la mujer.

“Depende del sector privado y los medios de comunicación poner en la agenda los temas de discriminación de la mujer e invitar a reflexionar a todos en las consecuencias, porque una mirada sesgada y violenta no se eliminará con un solo instrumento sino cuando todas la instituciones privadas y estatales asuman su labor”, manifestó.

Hay que recordar que los patrones de cultura que discriminan a las mujeres han ido cambiando gracias a las normas y leyes que las compañeras han exigido.