Política

Procuraduría Anticorrupción interpone 264 denuncias durante emergencia

Foto: Difusión.
12:05 h - Vie, 19 Jun 2020

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (PPEDC), en el marco de sus funciones de defensa jurídica de los intereses del Estado, interpuso 264 denuncias ante el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción ocurridos en el contexto del Estado de Emergencia Nacional decretado frente a la pandemia del nuevo coronavirus (covid-19).

De acuerdo con la Agencia de Noticias Andina, la referida información está consignada en el Boletín N°01 "Corrupción en la Emergencia Sanitaria covid-19", elaborado por la entidad, en el que se advierte, además, que los delitos de corrupción con mayor incidencia en los que habrían incurrido determinados servidores públicos son el peculado, colusión y negociación incompatible.

El estudio realizado refiere que, al 4 de junio del presente año, existen más de 700 investigaciones fiscales por presuntos delitos contra la administración pública desde que se decretó el estado de emergencia, y en los que la Procuraduría se encuentra participando activamente a través de sus 37 sedes a nivel nacional.

Del total de casos de presunta corrupción, de acuerdo al Boletín Informativo, el 51% se concentra en siete regiones del país, estas son: Áncash, Lima, Arequipa, La Libertad, Junín, Ayacucho y Cajamarca.

Los hechos, en su mayoría, están asociados a las contrataciones públicas de bienes y servicios, tales como adquisición de implementos de bioseguridad, equipos médicos, productos de limpieza y aseo personal, alimentos, entre otros.

De otro lado, entre las instituciones agraviadas por los supuestos actos ilícitos se registran las Municipalidades distritales y provinciales, los Gobiernos Regionales; asimismo, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Salud, EsSalud, entre otros.

Desde que el Gobierno declaró en emergencia sanitaria al país a consecuencia del covid-19, el 11 de marzo de 2020, la entidad, adscrita al  Ministerio de Justicia, viene articulando la defensa jurídica del Estado y coadyuvando en las labores de investigación fiscal frente a presuntos actos de corrupción registrados durante la pandemia.

 

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