La Jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Mariem V. De La Rosa Bedriñana, propuso una nueva destitución ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en contra de la magistrada Mónica Rosmery Hoyos Pinchi, en su actuación como Jueza Supernumeraria de Paz Letrado -Sede Comisaría de “Alipio Ponce”, de la Corte Superior de Justicia del Callao, luego de comprobarse que cometió diversas faltas muy graves.

Ha quedado acreditado que la Jueza en cuestión, contravino a sus deberes de impartir justicia con prontitud y en observancia de los plazos legales para la expedición de resoluciones de veintisiete expedientes.

Otra falta, es la total ausencia de motivación en ocho procesos que tratan sobre procesos por violencia familiar, lesiones y maltratos de manera unilateral en agravio de poblaciones vulnerables, como mujeres y adultos mayores, en los cuales emitió resoluciones de acuerdos conciliatorios sin señalar alguna razón que justifique la validez del compromiso entre las partes; cuando debió tener en consideración que en este tipo de procesos, el Juez (a) debe determinar la responsabilidad del agresor y el resarcimiento a la víctima.

También se corroboró la total ausencia de motivación en tres sentencias, a las cuales aplicó ‘reserva de fallo condenatorio’ sin tomar en cuenta las condiciones del imputado, ya que en cada uno de los expedientes aparece el mismo argumento. Es decir, utilizó una plantilla para arribar a la decisión tomada.

Asimismo, en seis resoluciones, cuatro por lesiones dolosas y dos por maltrato, estableció el periodo de prueba para los imputados al momento de reservar el fallo condenatorio -que es de uno a tres años-, sin embargo no señaló el plazo para que los sentenciados cumplan con las reglas de conducta establecidas; lo cual generaría incertidumbre, al no conocerse la fecha de vencimiento de las reglas de conducta impuestas en su contra.

En este contexto, la Jefatura Suprema de la OCMA consideró pertinente, dictar de manera paralela una medida cautelar de suspensión preventiva en el cargo que ostenta, hasta que se resuelva, en definitiva, la situación jurídica de la sancionada en la instancia correspondiente; razón por la cual no puede ejercer ningún cargo en el Poder Judicial.

/PE/