El Congreso de la República despidió al trabajador involucrado en la denuncia de recorte de sueldos por parte de la congresista María Cordero Jon Tay al considerar que es una falta grave.

El jefe de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento, Miguel Seminario, informó que luego de la denuncia periodística se inició un proceso disciplinario contra Braden Paredes Calla y su esposa Faviola Torres García.

En su descargo, Paredes Calla afirmó que cometió un error. “ (…) preciso que mi participación fue únicamente obedeciendo y acatando equivocadamente, una relación de jerarquía entre el cargo que tiene la congresista María Cordero Jon Tay, y la de mi persona que me desempeño como un simple trabajador del Área de Archivo” dijo.

También trató de defender a su esposa afirmando que el 15 de julio de 2022, le pidió que recoja un sobre que le iba a entregar una persona, “del cual ella no tenía conocimiento ni de su contenido ni de qué asunto o trámite se trabaja; mucho menos de supuestos malos actos que se estaban realizando con un trabajador”.

Luego de recibir sus descargos y, tras la investigación del caso, la Comisión determinó la responsabilidad de Paredes Calle disponiendo su cese, el cual se ejecutó el 25 de mayo.

Además, fue inhabilitado para el ejercicio de la función pública y para prestar servicios por cinco años bajo cualquier forma o modalidad. Para ello, se dispuso la inscripción de la sanción en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.

La oficina de Comunicaciones del Congreso informó que el caso de la esposa Torres García se emitirá otro informe final con las recomendaciones respectivas.

El jefe de la Oficina de Comunicaciones del Congreso, Miguel Seminario, también informó sobre el caso de la trabajadora Marie Emely Silva Uriarte, quien denunció presuntos actos de hostilidad, pese a su estado de gestación, por parte del parlamentario Edgar Tello y luego de la congresista Marleny Portero López.

Explicó que el Departamento de Recursos Humanos del poder Legislativo respondió a la Dirección General de Administración que no le corresponde aceptar o denegar pedidos sobre cese de personal, porque ello le compete al congresista que la designó.

La trabajadora denunció que el congresista Tello le exigió dinero para comprar un proyector, pero al negarse fue degrada de puesto con reducción de sueldo. 

El parlamentario ha negado esta denuncia y pidió una investigación diligente.

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