Mediante un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) registró el día de ayer una solicitud de arbitraje presentada por la empresa Odebrecth Latinvest S.a.r.l., una subsidiaria constituida en Luxemburgo de la constructora Odebrecht S.A, en contra del Gobierno peruano.

En esta solicitud, la constructora exige más de 1 200 millones de dólares de indemnización debido a que el Perú “violó sus obligaciones bajo el Convenio entre el Perú y la Unión Económica Belga-luxemburguesa para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, en relación al proyecto Gasoducto Sur Peruano”. 

La empresa brasileña argumenta que el 24 de enero de 2017 el Estado canceló de manera arbitraria el contrato de concesión del proyecto Gaseoducto Sur Peruano, y adoptó otras medidas relacionadas con el proyecto que violan los derechos de la subsidiaria de Odebrecht.

En el documento se precisa que el Gobierno peruano dio por terminado el contrato porque “el consorcio no logró obtener el financiamiento y acreditar el cierre financiero dentro del plazo previsto en el Contrato de Concesión, incluso después de dos prórrogas otorgadas por el Estado”.

Asimismo, el MEF asegura que el Estado peruano tomó otras medidas que están acorde a las leyes anticorrupción promulgadas en febrero del 2017. No obstante, la constructora Odebrecht argumenta en su solicitud de arbitraje que sus admitidos actos de corrupción no abarcan la concesión del proyecto en cuestión. 

“El Estado peruano es respetuoso de sus compromisos, tanto contractuales como internacionales. No obstante, el Estado ejercerá su derecho de defensa y se opondrá con firmeza a cualquier uso inadecuado de los mecanismos de solución de controversias”, se señala en el documento.

Finalmente, indican que el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión del MEF “atiende las controversias que se derivan de los tratados de inversión o contratos que remiten a un mecanismo internacional de solución de controversias en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)”.

/JV/