La Sociedad Peruana de Derecho Internacional (SPDI) afirmó hoy que la demanda arbitral presentada por la empresa Odebrecht ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en contra del Estado peruano, carece de fundamentos solventes frente al derecho internacional de las inversiones.

En ese contexto, respaldan la posición del Estado peruano y al equipo jurídico que nos representará ante el Ciadi, y confiamos en la integridad y eficacia del arbitraje, como mecanismo de solución pacífica de las controversias internacionales. 

"Habiendo analizado la referida solicitud de arbitraje, concluimos que la misma carece de fundamentos solventes frente al derecho internacional de las inversiones, y que se basa en pretensiones que no son jurídicamente exigibles al Estado peruano, aunque ellas favorecerían los intereses del grupo Odebrecht", señalan en un comunicado. 

Asimismo, precisan que las pretensiones de la demandante se basan en desconocer el evidente protagonismo de las empresas del grupo brasileño y sus funcionarios en graves actos de corrupción directamente relacionados con el proyecto del Gasoducto Sur Peruano.

Argumentos

Agrega que la empresa brasileña argumenta que el 24 de enero de 2017 el Estado peruano canceló "de manera arbitraria" el contrato de concesión del Gasoducto, y adoptó otras medidas relacionadas con el proyecto que "violan" los derechos de la subsidiaria de Odebrecht, como la ejecución de la carta fianza correspondiente. 

"Asimismo, señala que sus admitidos actos de corrupción no abarcan la concesión del Gasoducto Sur Peruano, y de hecho su actuación en este proyecto no forma parte del Acuerdo de Colaboración Eficaz que esa empresa suscribió con el Estado peruano", según indican en el comunicado.

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