Tras culminar una misión oficial de trabajo en diversos lugares del país, donde se reunió con autoridades descentralizadas, el relator especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst, sostuvo hoy que la Defensoría del Pueblo es un socio clave en la protección de personas defensoras de los derechos humanos.

Resaltó que sus funcionarios y personal, corren riesgos, y algunos de ellos, han sido amenazados o han sufrido ataques por realizar su trabajo. En particular, consideró que el Gobierno debería aumentar el presupuesto y los recursos humanos de la Defensoría del Pueblo para incrementar su presencia a nivel regional y local y así ejercer plenamente su nuevo mandato como Mecanismo Nacional de Prevención en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (OPCAT).

Estas expresiones de reconocimiento y recomendaciones fueron expuestas durante la presentación del Informe de su misión oficial, realizada entre el 21 de enero al 3 de febrero, con el objetivo evaluar la situación de las personas defensoras de derechos humanos en nuestro país. El acto, contó con la presencia de la primera adjunta del Defensor del Pueblo, Eugenia Fernán-Zegarra, el adjunto para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, Percy Castillo y el director del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, Porfirio Barrenechea.

Forst, invocó al Gobierno a adoptar un mecanismo multisectorial para la protección de las personas defensoras conforme al Plan Nacional de Derechos Humanos 2018 – 2021, siendo necesario, garantizar la articulación y participación de los ministerios, instituciones estatales y regionales, incluyendo al Poder Judicial y al Ministerio Público; y elevar el rango normativo del Protocolo para Garantizar la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

Indicó que las personas defensoras en mayor riesgo son aquellas que defienden el derecho a la tierra y el medio ambiente; las mujeres defensoras de derechos humanos; quienes defienden a la población LGBTI; periodistas; defensoras y defensores de las/os niñas/os y adolescentes; y de los derechos laborales. La Defensoría del Pueblo coincide con la información expuesta, así se precisa en el documento “Reporte sobre la Situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos”, entregado al relator en su visita a nuestra institución.

El relator concluyó que la protección de este grupo de personas debe enmarcarse dentro del contexto de las tres obligaciones que las normas internacionales de derechos humanos imponen a los Estados: respetar los derechos humanos absteniéndose de violarlos; proteger esos derechos interviniendo mediante medidas de protección en favor de las personas defensoras contra las amenazas de agentes no estatales como las empresas privadas;  y cumplirlas garantizando un entorno seguro y propicio para que las personas disfruten de sus derechos y realicen sus actividades.

En este contexto, el representante de las Naciones Unidas resaltó la necesidad de fomentar la existencia de instituciones públicas fuertes con medidas adecuadas que combatan la corrupción, conflictos de intereses y uso de influencia indebida.

/PE/