Las empresas  Superconcreto del Perú S.A.C, Enerjoprojekt Niskograndja S.A., Conalvías Construcciones S.A.S; Obrascon Huarte Lain S.A., Constructores y Mineros Contratistas Generales S.A.C., CONCAR S.A., Aramayo S.A.C. Contratistas Generales (ARAMSA) y C.A.M.E. Contratistas y Servicios Generales S.A. (CAMESA) fueron incluidas en como terceros civilmente responsables en el proceso penal denominado “Club de la Construcción.

La medida fue determinada luego que el Poder Judicial declarara fundada la solicitud de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato para que se incluyan las  ocho empresas.

De acuerdo con la resolución emitida el 4 de octubre por la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho dichas empresas deben ser incorporadas al proceso a fin que ante una eventual condena asuman el pago de la reparación civil de manera solidaria junto con los investigados. 

Las ocho empresas se suman a otras catorce compañías que ya han sido incluidas en el caso, a solicitud de la Procuraduría ad hoc: COSAPI S.A., GyM S.A., Obras de Ingeniería S.A. (OBRAINSA), Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), Construcción y Administración S.A. (CASA).

También JOHE S.A., Hidalgo e Hidalgo S.A., Constructora Queiroz Galvao S.A., Constructora Málaga Hnos. S.A., Constructora OAS S.A., Mota Engil Perú S.A., San Martín Contratistas Generales S.A., Grupo Plaza S.A. y Andrade Gutiérrez Engenharia S.A.

Según el Ministerio Público, entre los años 2011 y 2014, los representantes de las referidas empresas habrían concertado la distribución de obras a favor de estas compañías. Estos acuerdos se realizaban a cambio del pago de sobornos a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

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