A partir de enero del 2023, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), en coordinación con las nuevas autoridades regionales que asumirán funciones ese mes, dará inicio al proceso de generación de planes regionales para prevenir y disminuir los indicadores de criminalidad, con prioridad en las jurisdicciones que registran los mayores índices de denuncias, homicidios, percepción de inseguridad y victimización.

 Entre estas regiones priorizadas están el Callao, La Libertad, Madre de Dios, Junín, Ucayali, Arequipa, Lambayeque y Tumbes.

 Este trabajo forma parte de la Estrategia Regional de Política Criminológica aprobada en la XXII sesión del Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), cuya secretaría Técnica recae en el MINJUSDH y tiene entre sus miembros al Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Interior, Congreso de la República, Defensoría del Pueblo, Municipalidad de Lima, Policía Nacional, INPE, Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Asociación de Municipalidades del Perú y Asociación de Universidades del Perú.

 La estrategia regional es parte de un conjunto de acciones del CONAPOC para contribuir con el alineamiento de la política criminal del Estado a los planes institucionales de las regiones y, además, busca fomentar el desarrollo de capacidades institucionales y técnicas para la investigación criminológica, focalizar los servicios del MINJUSDH a disposición de los gobiernos regionales, así como promover nuevos programas o servicios para dar respuesta a los principales fenómenos delictivos.

 A la fecha, considerando el ingreso de nuevas gestiones en los gobiernos regionales a partir de enero, desde la Dirección General de Asuntos Criminológicos del MINJUSDH se viene coordinado con la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, que trabaja directamente con las autoridades regionales, para realizar reuniones preliminares con las autoridades electas y sus equipos técnicos en las que se presentará la estrategia.

 En ese marco, para enero de 2023 se han proyectado reuniones de trabajo con las regiones priorizadas para ir estableciendo compromisos que permitan diseñar e implementar los planes regionales.

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