En lo que va del 2023, alrededor de dos mil pobladores rurales, han sido beneficiados con la formalización de sus territorios; según comunicó hoy la Unidad Ejecutora Gestión de Proyectos Sectoriales (UEGPS) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

Un título de propiedad agrario, además de generar seguridad jurídica de su territorio y reducir potenciales conflictos y permite el acceso a oportunidades de desarrollo. Específicamente, en el caso de las comunidades nativas, se convierte en un instrumento estratégico para propiciar la protección de los bosques y su biodiversidad.

Durante el 2023, el Proyecto Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú (PTRT3) de la UEGPS, informó que, en un esfuerzo conjunto con los respectivos gobiernos regionales de Loreto, San Martin, Cusco y Puno; coadyuvó a la inscripción de ocho comunidades nativas, una comunidad campesina y 74 predios rurales individuales en los Registros Públicos, lo que representa la formalización de más de 10 mil hectáreas de tierras rurales.

El director ejecutivo de la UEGPS, Fernando Neyra, señaló que, “El registro del título de propiedad de cada comunidad es la conclusión de largos procesos que hemos retomado y reorientado, articulando esfuerzos entre las diversas entidades del Estado que administran el territorio, lo cual constituye un importante hito de gestión que estamos replicando en las regiones del ámbito del PTRT3”.

• En el 2023, las comunidades nativas de la Región Loreto que lograron la inscripción de sus títulos comunales, tras 6 años de gestiones, son: Huatapi – Río Huallaga, Selva Alegre, Bello Horizonte, Puerto Díaz y Casa Grande – Río Ucayali
• En la región San Martín, las comunidades nativas de Kichwa Dos de Mayo, Kichwa Pintu Yaku Machupicchu y Nuevo Santa Rosa de Alto Chambira; esta última después de 15 años de iniciadas las gestiones.
• Por último, cabe destacar la comunidad campesina Ccoyaraqui, en el Cusco, que obtuvo su titulación después de 50 años.

El PTRT3, contribuye al cierre de brechas de formalización de la propiedad rural en 10 regiones de la selva y zonas focalizadas de la sierra, con la finalidad de brindar seguridad jurídica a los agricultores y nativos del país.