El recurso de aclaración que el Congreso peruano interpondrá ante la CIDH para que éste organismo aclare el fallo en el que ordena archivar el procedimiento de acusación constitucional interpuesto contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC), no tendrá mayor repercusión en el fondo del dictamen pues se trata ya de una cosa juzgada, sostuvo para el Informativo, Víctor García Toma, ex presidente del TC.

“En consecuencia, si es que el Congreso pretende se cambie el fondo de la materia, eso no es posible. Se ha dicho que ésto es parte de una estratagema en el sentido de que, si se da el petitorio de aclaración, se supone que el proceso no ha concluido y obviamente la corte tiene que pronunciarse, y durante ese lapso el parlamento continuaría con el proceso y aplicaría las medidas (sancionadoras)”, dijo García Toma.

Sin embargo, para el también ex ministro de justicia, de ser cierta dicha estrategia no tendría futuro porque el pedido de aclaración se da en el marcado en el que la Corte, al iniciar el proceso el año pasado, dispuso se suspenda el proceso político de las acciones del parlamento.

“En consecuencia, si bien el proceso no ha concluido porque se ha presentado un petitorio de aclaración, la medida provisional de suspensión se mantiene”, comentó, para luego agregar que el tema de fondo aquí no era si la CIDH admitía o no el pedido, sino si el Congreso acatará o no el fallo del organismo supranacional.

El caso

Once altos oficiales marinos en situación de retiro presentaron la acusación constitucional contra los magistrados del TC ante el Congreso. Este inició el proceso en noviembre de año pasado.

Los denunciantes consideran que los magistrados Manuel Miranda, Carlos Ramos, Eloy Espinoza y Marianella Ledesma habrían violado el precepto constitucional de la "inmutabilidad de la cosa juzgada" al haber emitido una resolución en la que dejaron sin efecto el enunciado de una sentencia del 2013, en la que se decía que los hechos ocurridos durante el develamiento de un motín en el penal de El Frontón, en 1986, no constituyen delitos de lesa humanidad.

Los miembros del TC que están próximos a ser sometidos a lo que determine la subcomisión del Congreso acudieron a la CIDH en octubre pasado para denunciar que existe una amenaza a la independencia de sus funciones por parte del Parlamento.

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