La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que, durante el 2022, encontró a 17 menores de edad trabajando: 11 hacían trabajos peligrosos y otros seis hacían trabajos permitidos, pero sin autorización del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

Los adolescentes, cuyas edades fluctúan entre los 15 a 17 años, fueron hallados usando máquinas multiagujas, haciendo acabados finales con barniz y pintura para zapatos de cuero, trabajando en imprenta, transportando barriles, haciendo pesca en altamar, entre otros. 

Los trabajos peligrosos son aquellos que representan un riesgo para la salud y el desarrollo integral de los adolescentes, como los que implican contacto con productos químicos o sustancias tóxicas, el uso de herramientas tipo manual o mecánico que incluyan capacitación o experiencia para su uso, trabajos que conlleve levantar y trasladar carga de forma manual, entre otros. 

Estas intervenciones fueron realizadas en los distritos de La Victoria, Los Olivos, Villa El Salvador, Puente Piedra, Cercado de Lima y San Martín de Porres, luego de realizar una estrategia de inteligencia inspectiva, donde los inspectores hicieron seguimiento a los negocios, donde previamente identificaron a posibles víctimas.

Posteriormente, llevaron a cabo las fiscalizaciones, las cuales fueron articuladas, coordinadas y ejecutadas con personal del Ministerio Público - Fiscalía de la Nación, Policía Nacional del Perú y eventualmente, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Los 17 adolescentes hallados son el resultado de ejecutar 534 órdenes de inspección durante el 2022, en materia de trabajo infantil y trabajo forzoso, en Lima Metropolitana.

Cabe señalar que la Sunafil sanciona el trabajo infantil y el trabajo adolescente no permitido efectuado en una relación de dependencia. Es decir, donde exista una relación laboral: empleador-trabajador. 

Esta labor es ejecutada por el Grupo Especializado de Inspectores del Trabajo en materia de Trabajo Forzoso y Trabajo Infantil (GEIT – TFI), el cual fue creado en el 2018, con la finalidad de lograr una mayor eficiencia y eficacia en la fiscalización.

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