El subjefe de Instituto Nacional de Salud (INS), Víctor Suárez Moreno, informó en entrevista con el programa Diálogo Abierto de Nacional, que el día lunes estarán enviando a las clínicas particulares los resultados del informe sobre la calidad de las pruebas de descarte del covid-19, procesadas en los laboratorios privados.

El representante de dicha institución indicó que el 20% de las pruebas de descarte covid-19 corresponden a las clínicas privadas y que todas las muestras son trasladadas a la cede del INS en Chorrillos; posteriormente, los resultados son subidos a la página web para que los usuarios accedan a esta información.

“Nosotros ya hemos hecho llegar a Susalud y a la Contraloría, la información de todas las pruebas realizadas, que incluye las que nos han enviado las clínicas privadas, para que continúen las investigaciones”.

Lamentamos que se haya generado un lucro con recursos que entregamos gratuitamente, nuestro Instituto es una red de laboratorios que se encarga de dar el servicio de proceso de las pruebas y todo esto no implica ningún pago, todo es absolutamente gratis, refirió el funcionario.

Defensoría del Pueblo

Para ampliar la información sobre este tema, Diálogo Abierto de Nacional, entrevistó también a la doctora Alicia Abanto Cabanillas, adjunta de servicios públicos de la Defensoría del Pueblo, quien dijo, que, “esta sería solo la punta del iceberg de una investigación más grande, sobre las pruebas que han hecho las clínicas particulares, las que deben llevar a determinar la magnitud y responsabilidad de estos actos”.

Indicó además que una vez conocida la denuncia de la Contraloría, la Defensoría notificó a Susalud, “porque tiene que rendir cuenta de sus investigaciones y las empresas tienen que respetar los derechos humanos”.

Cobros y facturación

Indicó además que se tiene que investigar si las clínicas han hecho cobros indebidos o han obtenido un beneficio, de ser así, se tiene que devolver el desembolso irregular y estas acciones tienen que ser reparadas.

“En la facturación no figura con exactitud el tipo de prueba que se ha hecho, o servicio recibido, entonces el estado tiene que intervenir para proteger los derechos de las personas y garantizar el acceso a los servicios de salud y a las pruebas de descarte”, indicó la doctora Abanto Cabanillas.

/LD/MR/