Más de una decena de empresas fabricantes de armas perdieron un privilegio que les daba inmunidad legal en Nueva York contra víctimas de tiroteos y podrán ser demandadas en casos relacionados con la violencia armada, según decidió una jueza federal.

La ley permite al estado de Nueva York, sus administraciones locales y ciudadanos denunciar a vendedores, fabricantes, distribuidores y promotores de armas por causar un "perjuicio público", un concepto técnico que se interpreta como crear condiciones de "peligro para la seguridad y la salud públicas".

Fabricantes como Glock, Beretta y Smith & Wesson, así como el grupo de presión National Shooting Sports Foundation, habían pedido que se paralizara y declarara inconstitucional esa ley estatal que entró en vigor en 2021, cuyo objetivo es que puedan ser "responsables civilmente" por daños a la sociedad.

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