La integrante de Perspectiva Constitucional, Fabiana Orihuela, que ante la crisis existente entre el Ejecutivo y Legislativo, sea el Tribunal Constitucional (TC) quien finalmente defina la legalidad de una eventual cuestión de confianza, en caso de no prosperar en el Congreso de la República el pedido de adelanto de elecciones.

Explicó que ante esta situación cualquiera de las dos instituciones podría presentar un “proceso competencial” que defina una salida legal al actual entrampamiento generado tras el anuncio de recorte de los mandatos en ambos poderes del Estado.

En ese sentido, consideró que el fallo que emita el TC hará que en adelante la figura de la cuestión de confianza no se tomada como una salida coyuntural o inmediata.

“La cuestión de confianza no debe ser tomada de forma coyuntural o como una salida inmediata ante crisis políticas como la que se registra en la actualidad”, comentó en declaraciones al programa Dialogo Abierto de Radio Nacional.

Orihuela señaló que para que el pedido de confianza sea considerado constitucional el Poder Ejecutivo deberá “enfocarlo como una política de Estado, necesaria para materializar sus competencias de gestión”.

Sin embargo, recordó que el TC mediante una resolución estableció el año pasado que los pedidos de confianza si incluyen a las reformas constitucionales, aunque no hace un análisis concreto sobre el tema.

La semana pasada, Perspectiva Constitucional señaló que, de no lograrse acuerdos mínimos para la gobernabilidad, el adelanto de elecciones generales constituye una “válvula de escape” entre los dos poderes del Estado, por lo que resulta plenamente viable un cambio constitucional que procure una nueva composición de fuerzas políticas.

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