La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, presentó los ejes prioritarios del Poder Ejecutivo para combatir la deforestación en el país, teniendo en cuenta que el 57% del territorio nacional (73 Millones de hectáreas) está compuesto por bosques (húmedo amazónico, seco y andino), que albergan una gran variedad de flora y fauna.

El primer eje es la Institucionalidad y gobernanza, a través del cual se articulan las políticas sectoriales vinculadas a los recursos naturales, así como implementar planes de lucha contra la deforestación e implementar unidades de gestión forestal y de fauna silvestre en la Amazonía. Dijo que sin institucionalidad y si un Estado fortalecido no se podrá enfrentar con éxito este tema.

La Gestión integral del territorio, que es el segundo eje, tiene como meta al 2021 que las 25 regiones del país cuenten con una zonificación ecológica y económica, lo que permitirá conocer los  beneficios y limitaciones ambientales del país, entre otros aspectos que benefician o afectan a la población. Eso significa tener un aprovechamiento sostenible con un manejo integral del territorio. “La lucha contra las actividades ilegales es importante y nos vamos a organizar mejor”, añadió.

El tercer eje está referido a la Producción sostenible. Esto tiene como objetivo, para el Bicentenario, lograr la reforestación de 170 mil hectáreas degradadas mediante la instalación de plantaciones forestales con fines múltiples, así como facilitar y ampliar el acceso a mercados relacionados a la producción sostenible y bionegocios, entre otros. En esta línea, Muñoz Dodero resaltó el crecimiento que ha registrado el turismo de naturaleza y la contribución social de los bosques en el país. “El capital natural más importante que tienen las familias indígenas son los bosques”, acotó.

El cuarto y último eje: Lucha contra actividades económicas ilegales, estuvo a cargo del  ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, quien se refirió a la conformación de un comité especial para el manejo sostenible de recursos naturales en Madre de Dios para que en un plazo de tres meses haga un diagnóstico integral sobre el tema, y otra comisión especial que en un plazo de seis meses haga una propuesta integral que permita contar con un catastro integrado respecto a la minería informal.

/ES/NDP/