La Contraloría General lamenta la sentencia emitida y publicada en el Portal Web por el Tribunal Constitucional que, en la práctica, imposibilita el ejercicio de su facultad de sancionar administrativamente a los funcionarios y servidores públicos que han incurrido o incurran en inconducta funcional, hecho que constituye una seria afectación a la lucha contra la corrupción y la impunidad administrativa.

El Contralor General, Nelson Shack, afirmó que el fallo del Tribunal Constitucional deja sin marco legal a esta Entidad Fiscalizadora Superior, y estaría librando de responsabilidad a más de 15 mil funcionarios y servidores públicos a quienes se determinó responsabilidad administrativa y se encuentran en pleno proceso sancionador por la Contraloría General.

“La sentencia emitida por el Tribunal Constitucional modifica el ordenamiento jurídico afectando los esfuerzos desplegados por el Sistema Nacional de Control en la identificación y sanción a los malos funcionarios presuntamente responsables de haber incumplido sus funciones y/o afectado los intereses del Estado, y que han sido comprendidos en los informes de control y sobre quienes se venían determinando responsabilidades administrativas con sanciones de suspensión e inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Con esta decisión los Procesos Administrativos Sancionadores ya no podrán continuar”, explicó. 

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