El Consejo Nacional de Derechos Humanos, órgano multisectorial integrado por instituciones del Estado y la sociedad civil, condenó los actos de violencia ocurridos en Islay, e hizo un llamado a los opositores del proyecto minero Tía María a solucionar sus diferencias mediante el diálogo.

En un pronunciamiento público de cinco puntos, señala que si bien el derecho fundamental de reunión y manifestación se encuentran constitucionalmente garantizados, "bajo ninguna circunstancia se justifica el ejercicio de la violencia que genera pérdida de vidas humanas, daños a la salud y afectación a la propiedad pública y privada".

El Consejo Nacional de Derechos Humanos "rechaza y condena los actos de violencia" ocurridos en los últimos días en los distritos de Cocachacra y Deán Valdivia, en la provincia de Islay, "que han enlutado a familias peruanas".

En ese sentido, "invoca a las autoridades y las instituciones de la sociedad civil a continuar con un espíritu dialogante, en aras de una solución definitiva". 

Recuerda que en una democracia, ante cualquier tipo de desencuentro, el diálogo pacífico y de buena fe, "es la única alternativa para lograr soluciones efectivas, en beneficio de los pueblos y el desarrollo del país, con pleno respeto a los derechos humanos".

Asimismo, "respalda los esfuerzos desplegados por el Estado en la búsqueda por restaurar la paz, dentro de un marco de respeto por los derechos humanos y el orden constitucional".

El Consejo Nacional de Derechos Humanos está integrado por la Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Relaciones Exteriores, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Trabajo y Promoción del Empleo, de Salud, Educación, Energía y Minas, entre otros; así como el Ministerio Público y el Poder Judicial.

/CCH/ Andina