El Pleno del Congreso aprobó por mayoría el dictamen que dispone la obligación de los candidatos de incluir en sus hojas de vida la relación de sentencias condenatorias por delitos dolosos, demandas por violencia familiar, así como su declaración jurada de bienes y rentas.

La nueva ley será obligatoria para los candidatos a presidente y vicepresidentes de la República; congresistas y al Parlamento Andino; así como para los cargos de gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales; y alcaldes y regidores municipales.

Una de las novedades de la norma es que permite al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) retirar la candidatura del postulante que omita consignar esas sentencias, así como la declaración de bienes y rentas.

También serán retiradas las candidaturas de quienes omitan consignar en la hoja de vida las sentencias firmes que declaren fundadas demandas por incumplimiento de obligaciones familiares y/o alimentarias, contractuales o laborales, o por violencia familiar.

De ese modo, el objetivo es evitar candidaturas no idóneas y la elección de autoridades con antecedentes negativos.

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