Con el objetivo de contribuir con los ejecutores públicos y salvaguardar los intereses del Estado y la ciudadanía, la Contraloría General emitió recomendaciones para mejorar el proyecto de contrato de concesión del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la cuenca del Lago Titicaca, en Puno, obra de gran relevancia y de necesidad pública para la región, que tendrá una inversión superior a los 863 millones de soles, que será cofinanciada por el Estado.

Mediante un Informe Previo notificado a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – Proinversión, y al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se hizo llegar estas recomendaciones con el objetivo de cautelar el correcto uso de los fondos del Estado y garantizar la finalidad pública de la obra, que es reducir los actuales niveles de contaminación que se observa en el lago, beneficiando a 1 millón de pobladores de diez localidades que abarca el proyecto.

El proyecto de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la cuenca del Lago Titicaca abarca el cambio de tuberías de desagüe y la puesta en funcionamiento de plantas de tratamiento que beneficiarán a las localidades de Ayaviri, Juliaca, Puno, Ilave, Moho, Juli, comprendidas en los componentes 1 y 2, así como a las localidades de Huancané, Azángaro, Lampa y Yunguyo, del componente 3 del proyecto, donde existen plantas, cuya operación y mantenimiento será encargada al concesionario que se adjudique el proyecto.

Entre las principales recomendaciones emitidas por la Contraloría, se señala que Proinversión debe considerar la evaluación del actual estado de los predios que formarán parte del Proyecto, a fin que sean entregados en la oportunidad prevista en el Contrato de Concesión, evitando de esta manera posibles retrasos que conlleven al pago de compensaciones al concesionario u otras contingencias económicas al Estado.

Asimismo, recomendó que se precise en el contrato de concesión que será el propio concesionario quien tramite los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA), de conformidad con la normativa ambiental vigente.

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