Con la finalidad de analizar los resultados del operativo de control “Seguridad Ciudadana 2019”, realizado del 10 al 14 de junio del presente año, la Contraloría General convocó hoy a una reunión multisectorial a los representantes del Ministerio del Interior, Policía Nacional del Perú, Defensoría del Pueblo, entre otros actores involucrados; encuentro donde se dispusieron medidas para elevar la calidad del servicio que se brinda a la población.

El Contralor General, Nelson Shack, afirmó que las carencias y limitaciones advertidas en la prestación de los servicios de seguridad ciudadana que prestan las comisarías y servicio de serenazgo (a cargo de las municipalidades) tendrán que mejorar en forma efectiva y tangible, en un lapso de un año.

En la reunión con los representantes del gobierno central, regional y local se evaluaron en forma conjunta soluciones a corto y mediano plazo que permitan la mejora de los servicios de seguridad ciudadana que se brindan en comisarías y servicios de serenazgo.

Anunció también que la Contraloría General mantendrá esta práctica y en julio del 2020 regresará a las mismas comisarías y servicios de serenazgo para determinar si han implementado las medidas correctivas que permitan mejorar la prestación del servicio. Si encontramos que la situación no ha variado, entonces tendrá que empezar el deslinde de responsabilidades”, destacó. 

Precisó que algunos aspectos del servicio de seguridad ciudadana pueden mejorar con una mejor gestión, pues todo no está necesariamente vinculado a limitaciones presupuestales. 

El operativo evidenció que el 55% de comisarías a nivel nacional no contarían con el “Plan de Patrullaje Integrado para el año 2019”, es decir, falta un plan para priorizar la vigilancia en los sectores más peligrosos y donde los efectivos policiales y serenos realicen un patrullaje organizado, bajo el liderazgo de la PNP.

Además, el 84% de policías requieren radios portátiles de comunicación para realizar el patrullaje motorizado y a pie, lo que podría afectar la adecuada prestación del servicio; mientras que el 31% de vehículos motorizados para el patrullaje se encontrarían inoperativos, situación que afectaría la cobertura del servicio e incrementaría la percepción de inseguridad ciudadana entre los ciudadanos.

El Contralor General adelantó que planteará a la Defensoría del Pueblo que se sume al operativo nacional “Seguridad Ciudadana” a fin de poder visitar, desde sus respectivas perspectivas, un mayor número de comisarías y municipalidades que brindan el servicio de serenazgo, de tal forma que la muestra tenga un mayor alcance y representatividad.

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