La Contraloría General informó que más de 1,500 funcionarios y servidores públicos a nivel nacional fueron sancionados con la suspensión o inhabilitación para ejercer la función pública, por haber cometido una infracción administrativa grave o muy grave en el ejercicio de sus funciones.

“Esta cifra representan apenas el 0.1% de toda la administración pública”, explicó el gerente de Gestión de Responsabilidades de la Contraloría, Julio La Rosa Sánchez, en el Programa “Para Todos” de Radio Nacional.

La Rosa Sánchez explicó que algunas de las infracciones administrativas más frecuentes son actuar de manera parcializada en las contrataciones públicas; y obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas para sí o para otro para el cumplimiento de las funciones propias del cargo o función, lo cual constituye un delito y una infracción administrativa muy grave.

El funcionario y servidor público tiene que estar advertido que de no cumplir con las normas y reglas establecidas para la buena gestión pública puede ser sancionado con suspensión o inhabilitación temporal para ejercer la función pública.

También, aclaró que el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) alcanza a todos los funcionarios y servidores que cometen infracciones administrativas graves o muy graves,  con excepción de las autoridades elegidas por votación popular (como alcaldes y gobernadores regionales) y aquellas que tienen la prerrogativa del antejuicio político.

La Rosa Sánchez destacó que quienes integran la administración pública deben contribuir a la grandeza del Estado, ejerciendo la labor pública de la forma más honesta, transparente y eficiente posible.

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