Las autoridades de la provincia arequipeña de Islay y los dirigentes de los sectores que se oponen al proyecto minero Tía María deben priorizar la enseñanza de los estudiantes del valle de Tambo para lograr el total restablecimiento de las labores escolares en esa zona del país, sostuvo hoy la Defensoría del Pueblo.

En un sistema democrático no pueden demandarse derechos violentando otros y la educación es un derecho fundamental e innegociable, puntualiza.

Para la Defensoría del Pueblo los derechos a la huelga y de protesta son fundamentales, pero ante una situación de confrontación debe privilegiarse los derechos de las personas más vulnerables, en este caso de los menores de edad.

Añade que en el caso del valle del Tambo la Policía Nacional debe garantizar el retorno inmediato de los estudiantes al cumplirse 58 días de protestas. Por su parte, la Gerencia Regional de Educación de Arequipa debe cumplir inmediatamente el plan establecido para la recuperación de las horas perdidas, remarca.

El jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique, precisó que en el valle de Tambo hay 77 instituciones educativas que albergan a 4,628 alumnos, quienes se han visto afectados por las protestas y deberán recuperar las horas de clases perdidas hasta enero del 2020.

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