En una supervisión, la Defensoría del Pueblo verificó que la sede de la Municipalidad Provincial del Callao, ubicada en la cuadra 2 de la Avenida Paz Soldán, presenta una serie de barreras y obstáculos que hacen imposible el libre y adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad y las personas adultas mayores que acuden a sus instalaciones para acceder a servicios básicos.

“Constatamos que el ascensor principal, ubicado en la puerta de ingreso de la calle Paz Soldán, está inoperativo; en tanto el segundo elevador, ubicado en la entrada de la calle Alberto Secada, urge de reparación y mantenimiento. Asimismo, en el acceso al estacionamiento, el pasamanos está oxidado y la rampa tiene grietas”, detalló la jefa de la Oficina de la Defensoría del Pueblo del Callao, Delcy Heredia.

También es prioritario que, para evitar accidentes, se cambie el material antideslizante de las escaleras y se implemente la señalización en Braille para personas con discapacidad visual al ingreso del local municipal.

La jefa de la Oficina de la Defensoría del Pueblo del Callao informó que se ha solicitado a la Municipalidad Provincial del Callao poner en marcha, a la brevedad, las medidas administrativas y financieras necesarias orientadas a acondicionar, reparar y dotar de accesibilidad al local para así garantizar el derecho a la accesibilidad en espacios públicos de las personas con discapacidad.

Heredia anotó que, adicionalmente, la Defensoría del Pueblo viene atendiendo la denuncia de organizaciones de ciudadanos y ciudadanas con discapacidad, quienes han señalado que la comuna provincial no habría cumplido con atender una serie de requerimientos para esta población como la continuidad de programas laborales, terapias, espacios de concientización y promoción, así como de dar cuenta de los niveles de ejecución del presupuesto relacionado a la promoción y protección de derechos de las personas con discapacidad en el Callao.

La Defensoría del Pueblo recuerda que pese a que la Ley de presupuesto fiscal obliga a las municipalidades y a los gobiernos regionales a destinar el 0,5% de su presupuesto a mejorar las condiciones de accesibilidad de las personas con discapacidad, en la actualidad no se registran avances en el uso de recursos para este fin.

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