En comunicado conjunto, integrantes del Grupo de Lima, condenaron la “ruptura del orden constitucional y del Estado de derecho en la República Bolivariana de Venezuela”.

“(Los firmantes del comunicado) No reconocen la legitimidad y credibilidad del proceso electoral desarrollado en ese país, que concluyó el 20 de mayo de 2018, por no cumplir con los estándares internacionales, no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos y haberse desarrollado sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático”, se lee en parte del documento.

Asimismo, en el escrito se hace un llamado a la instalación de un verdadero diálogo nacional en el que participen todos los actores políticos venezolanos para acordar la celebración de un nuevo proceso electoral que cuente con las garantías democráticas de justicia, libertad y transparencia.

“(Los firmantes) Expresan su profunda consternación y alarma por las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, denunciadas en los informes y comunicados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y registradas en el reciente Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, arrestos arbitrarios, tortura y malos tratos, y la falta de acceso a la justicia, así como la erosión de los controles y equilibrios institucionales y de la democracia en ese país”, se indica en otra parte de la misiva.

El comunicado está firmado por los gobiernos de Perú, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay.

Los firmantes también expresaron:

Su profunda preocupación por informaciones recientes sobre movilización de armamento y aviones de combate por parte de Venezuela a la frontera con Colombia, acciones que se contradicen con el espíritu de la Proclama sobre América Latina como Zona de Paz aprobada en 2014 por la CELAC.

La demanda urgente al gobierno de Venezuela para que permita el establecimiento de un canal humanitario que facilite brindar la atención inmediata que requieren los venezolanos que siguen atravesando la frontera en estados precarios de salud y desnutrición.

El reconocimiento de la reciente resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos que, ante la grave situación en ese país, busca apoyar el restablecimiento de la democracia en Venezuela, en el marco de la Carta Democrática Interamericana.

Y por último, hacer manifiesto su disposición a implementar, de conformidad con sus respectivos marcos legales y con el derecho internacional aplicable, medidas a nivel político, económico y financiero para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático en Venezuela.

/CP/