El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Carlos Mesía, consideró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) debería tener un sentido más realista y menos académico de la situación de América Latina, pues de lo contrario se corre el riesgo que sus sentencias caigan en la deslegitimidad.

A su juicio, dicha instancia tiene una visión marcadamente “académica y europea” de los problemas que atraviesan los países de la región, y que han motivado denuncias a los Estados por hechos, muchas veces, ocurridos en el pasado reciente y bajo circunstancias especiales.

Consideró que no sopesar adecuadamente esa situación puede hacer que fallos fundamentados sólo en lo académico y en la jurisprudencia de otras realidades, se deslegitimen por el rechazo que pueden generar en los Estados.

Y por lo tanto, dejen esas sentencias dejen de cumplirse, o se creen corrientes de opinión en ese sentido, lo que afectaría seriamente a la defensa de los derechos humanos en el continente, advirtió.

Indicó que si uno revisa la composición de la corte, la mayoría de sus integrantes son juristas muy notables, es cierto, pero que se han movido siempre en el ámbito académico, con poca aproximación a la realidad social y política de sus países.

“Creo que a la Corte deben llegar juristas de talla, es cierto, pero que también tengan un pasado político, para que puedan ver los problemas con una dosis mayor de realismo, porque las sentencias de la Corte pueden caer en deslegitimidad, y eso nadie lo quiere”, dijo en una entrevista ofrecida esta semana a la Agencia Andina.

Al decir de Mesía, una manifestación de la esa distancia con la realidad de la Corte son las millonarias indemnizaciones que dispone en las sentencia contra los Estados de la región, y que seguiría el nivel de la Corte Europea de Derechos Humanos, que juzga sobre una realidad muy diferente.

En este punto, consideró necesaria una concertación entre países como Perú, México, Colombia, que han sido críticos con la Corte, y que se han visto afectados por fallos que disponen indemnizaciones millonarias, sobre diversa materia, que no guardan relación con los estándares económicos de la región.

Estimó que depende de los propios Estados cambiar, en su momento, ese perfil de magistrados, y elegir a personas más conocedoras de la realidad y los conflictos sufridos por los países de la región.